PATRIA POTESTAD

CONCEPTO Y CONTENIDO

El Código Civil español no define la patria potestad, si bien su concepto y contenido se extrae de sus artículos comprendidos entre el 154 y 172.  Cuando la relación paterno filial, bien por la vía adoptiva, bien por la vía natural, queda establecida, la consecuencia que el ordenamiento jurídico le atribuye se viene a denominar patria potestad. Representa el conjunto de derechos y deberes de los padres respecto de sus hijos y tiene como fundamento como suplir las carencias de los hijos menores o incapaces, tanto de orden de personal como patrimonial.

La patria potestad se extiende durante la minoría de edad del hijo, y si éste es declarado incapaz, también durante su mayoría de edad, en lo que se denomina patria potestad prorrogada. El sentido y el objeto de la referida patria potestad es atender a quien, al menos de momento, no puede valerse por sí mismo supliendo sus carencias tanto personales como patrimoniales y jurídicas, con una finalidad protectora de los intereses del menor o incapaz.

Podríamos definir la patria potestad como el conjunto de derechos y deberes que ambos progenitores tienen respecto a sus hijos menores o incapaces, para garantizar su cuidado, alimentación, formación, educación, representación y administración de los bienes, tendente a conseguir un adecuado desarrollo de la personalidad de los hijos.

Hasta el año 1981, la patria potestad sobre los hijos correspondía al padre y, sólo en defecto del mismo, a la madre, esta situación se produjo a consecuencia de la Ley 11/1981. Esta situación, acorde por los demás con muchas de las regulaciones legales de nuestro ordenamiento jurídico, también discriminatorias, ha venido superándose y, a partir de 1981 la patria potestad corresponde a ambos progenitores, padre y madre, aun cuando el propio nombre  patria potestad haga recordar ese origen de autoridad y poder paterno y no materno.

La actual redacción del artículo 154 establece con claridad que los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. Aclara también, y esto es fundamental en toda la normativa referente a la patria potestad y a la guarda y custodia, que la patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad. Comprende una serie de deberes y facultades que el propio precepto legal establece y que van desde la obligación de velar por los hijos y tenerlos en la compañía hasta educarlos, en la finalidad de procurarles lo que el precepto denomina una formación integral, así como alimentarlos, representarlos y administrar sus bienes.

De la referida redacción que da el artículo 154 del Código Civil y de los preceptos siguientes que lo contemplan, se puede extraer las siguientes características de la institución:

  - La patria potestad está formada por derechos y deberes, aunque prima el concepto de deber sobre el de derecho.

  - Los derechos y deberes que la componen se establecen en interés del menor  o incapaz.

  - Institución de orden público

  - Intransmisible e irrenunciable

  - Imprescriptible

  - Su origen está en la procreación natural o en la adopción.

  - Es un derecho irrenunciable y no disponible.

  - Los padres pueden ser privados de la patria potestad por resolución judicial basada en el incumplimiento reiterado de los deberes y derechos que la integran, con fundamento en el interés del hijo.

  - Del contenido de la normativa del Código Civil se deduce también la distinción que la Ley realiza entre la titularidad de la patria potestad y su ejercicio, que pueden corresponder a ambos progenitores o sólo a uno de ellos, dejando la titularidad del otro vacía de contenido, o bien pueden ser divididas entre ambos progenitores las funciones por un tiempo de dos años, según dispone el artículo 156 del Código Civil. 

Esta distinción entre ejercicio conjunto de la patria potestad y atribución del mismo a uno sólo de los progenitores viene regulada en el art. 156 del Código Civil, que realiza una primera distinción según los progenitores convivan o no. Si los progenitores viven separados, el art. 156 CC dispone que la patria potestad se ejercerá por aquel con quien conviva el hijo, salvo que el juez determine el ejercicio conjunto que es lo más común.

La relación jurídica paterno-filial nace entre los progenitores y el hijo como consecuencia de la filiación determinada legalmente. La patria potestad es un efecto legal propio de toda relación paterno o materno filial, de tal modo que, una vez que por alguno de los medios legalmente establecidos queda determinada la filiación, la patria potestad corresponde automáticamente por ley al progenitor respecto del cual quedó determinada la filiación sin que la atribución de la misma requiera petición de parte ni declaración judicial al respecto. Actúa como derecho inherente de la paternidad y la maternidad, y en nuestro ámbito tiene indudable carácter de función tutelar que la configura como institución a favor de los hijos.

Es la institución protectora del menor por excelencia y se funda en una relación de filiación cualquiera que sea su naturaleza (matrimonial, no matrimonial o adoptiva). Mediante ella se pretende otorgar protección, cuidado, asistencia y educación a los hijos, representarlos y administrar sus bienes.

Se configura como una función tuitiva y dual del padre y de la madre -intransmisible, irrenunciable e imprescriptible destinada a la protección de los menores erigiendo como principio básico el respeto de la personalidad del hijo, y acentúa en su ejercicio, la intervención y vigilancia del juez en consideración del hijo. LA patria  Potestad es en el Derecho Moderno, y concretamente en nuestro Derecho positivo, una función al servicio de los hijos, que entraña fundamentalmente deberes a cargo de los padres encaminados a prestarles asistenccia de todo orden (art. 39.2 y3 CE); de tal manera que todas las medidas judiciales que se acuerden, incluida la de privación de la patria potestad, deben acordarse teniendo en cuenta, ante todo el interés superior del menor (Convención sobre los derechos del Niño art. 3.1, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas 20/11/1989, incorporada a nuestro derecho interno mediante la correspondiente ratificación: Ley 1/1996, art.2).

PRINCIPIOS ESENCIALES

Los principios esenciales de  la patria potestad son los siguientes:

  1. Es una función dual. Se configura como una función dual del padre y de la madre sujeta al control de la autoridad judicial. Para dar flexibilidad al sistema se permite que actúe sólo uno de ellos en ciertos casos si ello es conforme al uso social y a las circunstancias de la familia o si tiene carácter de urgencia. En el caso de que las divergencias entre el padre y la madre sean insalvables, se prevé la intervención del juez que puede llegar en los supuestos más graves, a atribuir la patria potestad a uno de ellos o distribuir entre ambos las funciones que lo integran. Se configura como una función en beneficio de los hijos menores, ejercitada normalmente por ambos progenitores conjuntamente. Según el precepto constitucional, los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos, habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda (art. 39.3 CE). No se establece un sistema de ejercicio indistinto de la patria potestad por uno u otro progenitor sino que la norma general es la del ejercicio conjunto de la patria potestad por ambos progenitores o por uno con el consentimiento expreso o tácito del otro (art. 156 CC).
  2. Se establece en beneficio del hijo y respetando su personalidad. La regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paternofiliales. En línea con este principio se establece el derecho  a los hijos a ser oídos. Si los hijos tienen suficiente juicio deben ser oídos siempre antes de adoptar las decisiones que les afectan (art. 154 CC). El menor tiene derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social (LO 1/1996 art. 9.1). Se reconoce así la titularidad del derecho de todos los menores, tengan o no suficiente juicio. El contenido de este derecho es que el menor exprese su opinión respecto a decisiones que le afecten. Es un derecho del menor frente a cualquiera que vaya a tomar una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social.
  3. Admite determinados casos de intervención judicial para salvaguardar el interés del hijo. El menor tiene derecho a llegar hasta el juez para darle su opinión, y éste la ponderará y resolverá conforme a la misma o no. Cuando la toma de decisiones que afecten a los hijos no emancipados superan las facultades de los padres y ha de adoptarlas un juez, éste es quien debe darles la oportunidad de ser oídos. Es un deber del juez que se corresponde a un derecho de los hijos que forma parte de su derecho a la tutela judicial efectiva. 

SUJETOS DE LA PATRIA POTESTAD

 Son los padres los titulares de la patria potestad sobre sus hijos (no emancipados). La titularidad  de la patria potestad se corresponde con el poder general o global que la Ley concede a los padres sobre los hijos menores o incapaces. Ese poder general viene integrado por las propias facultades, derechos y obligaciones que el art. 154 del Código Civil prevé. La atribución del ejercicio de la patria potestad a uno sólo de los progenitores, implica que, pese al mantenimiento de ese poder global en ambos progenitores, el conjunto de facultades, derechos y obligaciones que la integran vienen en la práctica atribuidos a aquel que asume el ejercico de la patria potestad, por lo que el poder del otro no tiene apenas contenido.

El art. 156 del CC mantiene, como planteamiento inicial, el que ambos, padre y madre, han de ejercer conjuntamente la patria potestad y seguidamente  regula la manera en que se han de solventar los conflictos o discrepancias que puedan surgir entre los padres en ese ejercicio. Sin embargo, en el último párrafo del precepto se establece que si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquél con quien el hijo conviva, salvo petición del otro progenitor. La Ley 15/2005 por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio, de 30 de junio de 2005, publicado en el Boletín del día 9 de julio del referido año, aborda la citada cuestión, pese a no modificar el contenido del art. 156 del Código Civil. Así en la Exposición de Motivos de la referida reforma, se establece, como finalidad de la misma, el que determinadas cuestiones que afectan al ejercicio de la patria potestad y la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces se basen en procurar la mejor realización de su beneficio e interés y que ambos progenitores perciban que su responsabilidad para con ellos continúa, a pesar de la separación o el divorcio. La nueva titularidad exige incluso un mayor grado de  diligencia en el ejercicio de la patria potestad. Pretende reforzarse, dice la exposición de motivos, la libertad de decisión de los padres respecto del ejercicio de la patria potestad. En este sentido, se establece expresamente que los progenitores puedan acordar en el convenio regulador que el ejercicio se atribuya a uno de ellos o bien a ambos de forma compartida. También se concede al Juez la facultad, en los procesos  incoados a instancia de uno solo de los cónyuges y en atención a lo solicitado por las partes, de adoptar una decisión con ese contenido.

Se parte por tanto del principio, que ya venía realizándose en la práctica, de que el ejercicio sea conjunto y que sólo cuando haya causa para ello ese ejercicio se atribuya exclusivamente a uno de ellos total o parcialmente.

La reforma citada modifica el art. 90 del Código Civil que regula el contenido del convenio regulador en los procesos consensuados y da una nueva redacción al párrafo primero apdo. a) del art. 90 quedando redactado del siguiente modo: "El convenio regulador a que se refieren los artículos 81 y 86 de este Código deberá tener al menos los siguientes extremos:

  a) El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos".

Si se trata de un convenio regulador no podrá pactarse que la titularidad de la patria potestad se atribuya a uno de los progenitores, ya que no es una cuestión disponible, manteniéndose la patria potestad de ambos. Sin embargo, las partes sí están facultadas para pactar sobre el ejercicio de la patria potestad.

En los procesos contenciosos, el art. 92 CC queda modificado también por la Ley 15/2005 en lo que al ejercicio de la patria potestad se refiere. Queda establecido, en el punto 4 del referido precepto, que los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges. El precepto prevé que el Juez que ha de adoptar las medidas judiciales sobre el cuidado, atención y educación de los hijos podrá optar por el ejercicio conjunto de la patria potestad en beneficio de los hijos. Ha de tenerse en cuenta aquí que, con carácter general, el ejercicio conjunto es la medida más adecuada para el interés y desarrollo del menor. Sobre esta base, salvo que concurran circunstancias concretas en el caso que hagan conveniente una atribución del ejercicio de la referida potestad a uno de los progenitores, el Juez deberá adoptar como medida el ejercicio conjunto.

Si se plantea la necesidad de adoptar una decisión sobre el ejercicio de la patria potestad, el nº 9 del ar.92 CC, en su nueva redacción establece que " el Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a  que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar el dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los menores". Por tanto el Juez puede solicitar de un perito, normalmente los psicólogos adscritos a los Juzgados de Familia, allí donde los haya, la información sobre la existencia de circunstancias concretas que determinen si, en ese caso, es preferible optar por un ejercicio conjunto de la patria potestad o por el ejercicio de uno sólo de los progenitores.

En todo caso, y dando un paso más, debe también mencionarse que el ejercicio conjunto de la patria potestad no impide que determinadas decisiones en momentos concretos puedan ser adoptados sólo por uno de los progenitores. El art. 156 del Código Civil establece que serán válidos los actos que realice uno de los progenitores conforme al uso social y las circunstancias o en situaciones de urgente.

EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD POR UNO SÓLO DE LOS PROGENITORES.

El ejercicio de la patria potestad por uno solo de los progenitores obedecerá a motivos concretos que lo justifiquen entre los que cabe destacar los siguientes:

  - Existencia de circunstancias personales en uno de los progenitores que desaconsejan ese ejercicio conjunto, como problemas mentales graves, drogadicción o situaciones que le hagan no estar debidamente capacitado para el ejercicio de esa patria potestad. Para casos de incapacidad, el propio art. 156 CC prevé el ejercicio exclusivo de la patria potestad por el otro, aún cuando no haya ruptura o separación de los padres.

  - Situaciones concretas en uno de los progenitores, que sean consideradas como importantes a efectos de impedir o dificultar el ejercicio de la patria potestad como la situación de prisión del progenitor. En estos casos es posible mantener el ejercicio de la patria potestad a favor de uno sólo de los progenitores mientras subsista esta circunstancia.

 - La existencia de un traslado al extranjero por parte de uno de los progenitores con carácter definitivo que haga pensar que la asunción por ambos del ejercicio de la patria potestad pueda paralizar la toma de determinadas decisiones en la vida del niño. De hecho el propio art. 156 CC se refiere a que en casos de ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres, la patria potestad se ejercerá exclusivamente por el otro.

  - La existencia de conflictos graves y reiterados entre los progenitores que bloqueen la toma de decisiones sobre el hijo común. En este sentido el art. 156 CC, en su último párrafo, establece que si los desacuerdos entre los progenitores fueran reiterados, el Juez podrá distribuir entre ellos las funciones que componen la patria potestad. Del mismo modo entiendo que esos desacuerdo permiten que el Juez pueda valorar como adecuado que el ejercicio quede atribuido a uno de los progenitores, si aprecia que el ejercicio conjunto puede acabar por paralizar o dificultar seriamente, la toma de decisiones sobre su hijo, pero deberá razonarlo.

EJERCICIO CONJUNTO DE LA PATRIA POTESTAD. CONSECUENCIAS.

Como se ha dicho anteriormente, salvo que el interés del niño exija que ese ejercicio se confíe sólo a uno de los progenitores, el criterio general  que mejor protege los intereses del niño es que sus padres, pese a que ya no convivan, sigan adoptando mutuamente las decisiones futuras sobre su hijo. Ello no implica que necesariamente hayan consultado todo, ya que debe partirse de la presunción de que cuando uno de los progenitores realiza un acto usual en el ejercicio de esa responsabilidad lo hace con el acuerdo del otro. Realmente no existe en nuestra normativa un diferencia clara entre actos que quedan englobados en lo que se denomina  patria potestad ordinaria y los considerados actos de patria potestad extraordinaria. El art. 156 CC establece en su párrafo primero que serán válidos los actos que realice uno de los progenitores conforme al uso social o las circunstancias, pero no se delimita en concreto qué actos pueden entenderse comprendidos dentro de ese uso social o de esas circunstancias. También se añade en el precepto que en casos de urgente necesidad serán válidos los actos que uno de los progenitores realice, y esto es algo que suele incluirse con cierta frecuencia en los convenios reguladores y que tienen su lógica, justificación en la propia urgencia prevista, que implica la necesidad de intervenir. Podríamos englobar entre los actos de potestad ordinaria, las decisiones menos trascendentes en la vida del niño. Sin embargo es difícil realizar con exactitud una determinación de qué actos o decisiones pueden quedar englobados dentro de la patria potestad ordinaria y los considerados como extraordinarios, relacionados con decisiones de más trascendencia en la vida del menor.

Por tanto, en un ejercicio conjunto de la patria potestad, aquel que en ese momento se encuentre con el menor, puede tomar una decisión como, por ejemplo, el que acuda a la mañana siguiente a una salida del centro escolar o las actividades que en una concreta tarde puede realizar el menor y que, lógicamente, son actos y decisiones de la vida diaria y ordinaria que pueden realizar los padres cuando están separados, en función de quién se encuentre en ese momento en compañía del menor, sin que sea preciso consultarlo todo, porque ello es evidentemente perjudicial para el menor. Sin embargo, si conviene destacar que, aún cuando se denomina actos de naturaleza extraordinarios, su contenido debe ser amplio, con el fin de que la mayor parte de las decisiones de la vida del menor sean adoptadas en conjunto por ambos progenitores. En este sentido la ordinaria confusión entre el concepto patria potestad y el concepto custodia, ha venido determinando muchas veces el que en la práctica, quien asume la custodia viene ejerciendo en solitario la patria potestad y eso aún cuando el propio convenio regulador suscrito por los progenitores, o la decisión judicial, a falta de convenio, hubiera determinado el ejercicio conjunto. Esa confusión no sólo se extiende a la pareja, sino también a personas o entidades que tienen contacto con el menor y sus padres. Suele ser muy frecuente en los colegios y en los centros de salud de forma que la información necesaria que a lo largo del curso escolar el colegio realiza o intervenciones en materia sanitaria se comunican exclusivamente a aquel de los progenitores que tiene la guarda y custodia y el otro progenitor, o debe realizar una actividad añadida para posibilitar, a veces con dificultades, que a él o a ella, también se lo comuniquen las cuestiones escolares o sanitarias del niño, o muchas veces queda al margen. En el caso de los colegios, lo que ocurre finalmente es que ni el centro escolar ni el progenitor remiten las notas o comunican las reuniones con tutores o cualquiera otra información significativa.

Ante esta realidad práctica, sería deseable el que se adoptaran medidas que garantizaran la intervención de ambos padres, entre ellas que hubiera una duplicidad de comunicaciones, desde el propio centro escolar, tanto de boletines de notas como de reuniones de aula o con el tutor, así como que se pudieran duplicar las informaciones sanitarias, especialmente en los casos en que suelen ser conocidos, que existe una falta de comunicación entre los padres o presentan conflictividad.

El ejercico conjunto de la patria potestad implica también, por aplicación del contenido del art. 1903 del Código Civil, la asunción de ambos progenitores de la responsabilidad civil por daños causados por el hijo menor. El artículo afirma: "que los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda". Siendo el concepto de guarda identificado con el de patria potestad, de manera que no resulta exclusivamente responsable, desde el punto de vista civil, aquel progenitor que tenga atribuida la custodia, sino ambos progenitores como titulares que son de la patria potestad.

¡ESTE HIJO NO ES MIO! Y….¿AHORA?

       Buenas Tardes! Hoy, dejando a un lado los temas bancarios, y con el Titulo ¡Este hijo no es mío! Y… ¿Ahora? Quiero abordar la problemática, cada vez más habitual en nuestros despachos, de que sucede en los casos de ruptura de la pareja con el hijo biológico de un miembro de la pareja que  ha sido reconocido como hijo por el otro integrante de la pareja, a sabiendas de que no es su padre biológico. ¿Es posible impugnar esa paternidad? La respuesta es SI, pero el plazo para poder ejercitar esa acción impugnación es muy breve.

     Nuestro Tribunal Supremo en Sentencia de 15 julio y 28 de Noviembre 2016 ha establecido doctrina sobre el “Reconocimiento de complacencia”, que es como jurídicamente se denomina al reconocimiento como hijo, a sabiendas que no es hijo biológico de la persona que lo reconoce, y ha establecido que SI ES POSIBLE EJERCITAR LA ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD, fundada en el hecho de no ser el padre biológico del reconocido, si bien hace diferenciación dependiendo de si ha existido o no matrimonio. Si existe matrimonio la acción se ejercitará vía artículo 136 CC, y el plazo es muy breve UN AÑO DESDE EL RECONOCIMIENTO COMO HIJO, y si no ha habido matrimonio la acción de impugnación se ejercitará vía artículo 140. 2 CC y el plazo será de CUATRO AÑOS DESDE EL RECONOCIMIENTO. ¡ATENCION SON PLAZOS DE CADUCIDAD! Esto significa que no hay posibilidad de interrumpirlos o suspender dichos plazos.

     ¡Cuidado con lo que uno hace cuando está enamorado! Cuando existe el amor todo es muy bonito y maravilloso. Uno piensa “el hijo de mi pareja es mi hijo, y siempre lo va a ser”, pero… por desgracia en la mayoría de los casos cuando la pareja se rompe la historia cambia y cambia mucho ¡Os lo puedo asegurar!

       Cuando se acaba el amor, ¿El hijo de tu pareja sigue siendo tu hijo? ¿Estás dispuesto a pagar pensión de alimentos a favor de un hijo que no es biológicamente tuyo? A lo mejor si o a lo mejor no, depende de cada persona y de las circunstancias de la pareja.

     Con esto lo único que quiero decir que antes de hacer esas demostraciones de amor, hay que pensar las posibles consecuencias de nuestros actos. Efectivamente, es posible impugnar la paternidad pero los plazos son tan breves, sobre todo, si media matrimonio, que te puedes encontrar con la sorpresa de tener que pagar pensión de alimentos a favor de un hijo que no es biológicamente tuyo. Y eso amigos, en algunos casos, puede ser una gran p….

     Con esto termino, espero que haya sido de utilidad, y como siempre estoy a vuestra disposición,

     Mercedes Carmen Navarro Cruz

              Abogada

COMPARATIVA DE LA DERIVACIÓN A MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES CON LA DERIVACIÓN EN MEDIACIÓN FAMILIAR SEGÚN EL CGPJ

  1. MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES

  1. COMPETENCIA PARA REALIZAR LA SELECCIÓN

    La selección de los casos que se van a derivar a Mediación la realizará EL ÓRGANO JUDICIAL, quien a través de la oportuna resolución invitará a las partes y a sus abogados a que acudan a una sesión informativa, dependiendo del momento procesal en que se acuerde, resultará competente EL JUEZ O EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

    La valoración de si el caso es mediable o no le corresponde al MEDIADOR (art. 22.1 LM)

  2. FORMA EN QUE HAN DE REALIZARSE LA DERIVACIÓN A SESIÓN INFORMATIVA.

    La derivación será proveída POR EL JUZGADO MEDIANTE UNA RESOLUCIÓN, en la que se acuerde la derivación del caso a la Institución de Mediación o al Mediador que acuerden las partes o, en su caso, con quien exista Convenio de Colaboración o acuerdo gubernativo comunicado al CGPJ.

    En la resolución se explicará de manera suscinta:

  • En qué consiste la mediación, recordando que la información de qué parte asiste NO ES CONFIDENCIAL (art. 17.1 LM)

  • En caso de no asistir las partes, deberán explicar los motivos de su decisión de conformidad con el art. 414 apdo 1º, párrafo 2º de la LEC

  • No será precisa la suspensión del proceso, salvo que lo soliciten ambas partes y, en su caso se acordará por el plazo previsto en el art. 19.1 LEC (siempre que no supere los 60 días).

  • Se tendrá en cuenta que si se efectúa la derivación a mediación sin suspensión del curso de los autos, exista un plazo para practicar las sesiones de mediación entre la citación y la celebración de la vista correspondiente.

  1. FASES PROCESALES PARA LA DERIVACIÓN

    En el DECRETO DE ADMISIÓN A TRÁMITE A LA DEMANDA, el Letrado de la Administración de Justicia incorporará un párrafo informando de la posibilidad de acudir a mediación sin suspender el proceso. (Doc.2 y Doc. 4).

    Al dar traslado a la demanda adjuntará una hoja informativa sobre los centros de mediación a que pueden dirigirse (Doc. 3 y Doc. 3 bis) y la comparativa entre el proceso judicial y el proceso de mediación (Anexo I)

  1. PROCESOS DECLARATIVOS CON CONTESTACIÓN A LA DEMANDA (INCLUIDO EL JUICIO VERBAL)

    La derivación podrá hacerse una vez ESTÉN PERSONADAS AMBAS PARTES en el procedimiento, y en cualquiera de los siguientes momentos procesales:

  • Desde que las partes han sido emplazadas, hasta la fecha de la AUDIENCIA PREVIA O EL JUICIO VERBAL, si es que ésta se acuerda (arts. 438.4 y 440 LEC), en la resolución convocando a la Audiencia Previa o a la vista del Juicio Verbal se incluirá el párrafo correspondiente (Doc. 5).

  • En la DILIGENCIA DE ORDENACIÓN CONVOCANDO A LAS PARTES A LA AUDIENCIA PREVIA, el Letrado de la Administración de Justicia incorporará un párrafo convocando personalmente a los litigantes (Doc. 5). De acordarse la derivación se documentará por escrito mediante Diligencia de Constancia (Doc. 6)

  • En el ACTO DE LA AUDIENCIA PREVIA: De no haberse acordado con anterioridad, el Juez o Magistrado Ponente en este acto informará personalmente a las partes y, en su caso, las convocará a sesión informativa sobre mediación.

  • En el ACTO DE LA VISTA, tanto en Juicio Ordinario como en el Verbal, si las circunstancias del litigio así lo aconsejan, será el Juez o Magistrado en este acto quien informará personalmente a las partes y, en su caso, las convocará a una sesión informativa sobre mediación

  • En la PARTE DISPOSITIVA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES DEFINITIVAS QUE SE DICTEN (AUTOS O SENTENCIAS) a la vista de las circunstancias del litigio, e Juez o Magistrado podrá incluir un párrafo en que se ofrezca a las partes las posibilidad de acudir a Mediación para resolver cualquier discrepancia que subsista entre ellas, en relación con lo resuelto, su interpretación o ejecución, convocándolas, si el caso lo aconseja a una sesión informativa sobre mediación.

  1. PROCESOS ESPECIALES: Cuando se pueda acomodar a la fase procesal oportuna

  2. PROCESOS DE EJECUCIÓN

    Una vez se ha dado traslado del despacho de ejecución al ejecutado, aunque no se haya personado en el procedimiento.

    El Letrado de la Administración de Justicia, intentará derivar a mediación TODAS LAS EJECUCIONES DE HACER, cuando exista un conflicto exacto de lo ordenado en Sentencia.

    En el caso de LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS, es recomendable que se realice por el Letrado de la Administración de Justicia al solicitar las cargas y con anterioridad a la convocatoria de la subasta (Doc.8)

  3. PROCESOS CONCURSALES

    En el trámite de anuncio de la situación preconcursal previsto en el art. 5 bis de la Ley, en la medida de que, en función de las circunstancias pueda preverse un beneficio tanto para el deudor como para el acreedor.

  4. FASE DE APELACIÓN

    En la Diligencia de Ordenación, el Letrado de la Administración de Justicia, incorporará un párrafo informando de la posibilidad de acudir a mediación y suspender el procedimiento (Doc. 9).

    Al notificarse esta resolución y la designación del Ponente, adjuntará una hoja informativa sobre los centros de mediación a que pueden dirigirse (Doc. 4) y la comparativa entre el proceso judicial y el proceso de mediación (anexo I).

    La derivación a mediación podrá hacerse en cualquiera de los siguientes momentos procesales durante la sustanciación del recurso:

  • El Letrado de la Administración de Justicia de la Sección Civil correspondiente a la Administración Provincial, dará cuenta personal y directamente al Ponente designado en el Rollo, según los criterios fijados previamente por el Tribunal, de todos aquellos que pudieran ser susceptibles de derivación a mediación. Esta actuación habrá de producirse en el tiempo que medie entre la incoación del Rollo y el señalamiento para la deliberación, votación y fallo o vista en su caso.

  • Al momento de resolver sobre la prueba propuesta en 2ª Instancia, tanto si se admite, como si no, el/la magistrado/a Ponente, derivará los casos que sean susceptibles de mediación, convocando a las partes, en el propio auto que se dicte a una sesión informativa (Doc.9 bis).

    Tanto en este momento, como en el anterior, puede resultar muy eficaz CONVOCAR UNA REUNIÓN, con el Letrado de la Administración de Justicia o con el Magistrado Ponente, a los abogados de ambas partes a fin de desactivar posibles resistencias y asegurar la proacitvidad de los asesores jurídicos hacia sus clientes con la propuesta de mediación.

  • EN LA PROVIDENCIA DE SEÑALAMIENTO para la deliberación, votación y fallo o vista, se incluirán un párrafo informado de la posibilidad de acudir a mediación y suspender el proceso.

  • En el Acto de la Vista de apelación, el Presidente del tribunal o el Magistrado Ponente del asunto informará personalmente a las partes y, en su caso, las convocará a una sesión informativa sobre mediación. El letrado de la Administración de Justicia dejará constancia de la derivación acordada. (Doc. 6).

  • En la parte dispositiva de las resoluciones judiciales definitivas que se dicten (Autos o Sentencias) a la vista de las circunstancias del recurso, el Tribunal podrá incluir un párrafo en que se ofrezca a las partes la posibilidad de acudir a Mediación para resolver cualquier discrepancia que subsista entre ellas, en relación con lo resuelto, su interpretación o ejecución, convocándolas, si el caso lo aconseja, a una sesión informativa.

  1. INCORPORACIÓN DEL RESULTADO AL PROCESO

  1. FINALIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN SIN ACUERDO: Se comunicará al órgano judicial. Dicha comunicación dará lugar a la continuación de los trámites tal y como estuvieran previstos (si no se han suspendido) o a su reanudación (si previamente se había acordado la suspensión)

  2. FINALIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN CON ACUERDO: En el poder dispositivo de las partes se incluye que incorpore al proceso el acuerdo alcanzado. Deben ser las partes, las que soliciten al órgano judicial, con las consecuencias procesales correspondientes:

    1. El desistimiento bilateral

    2. La renuncia a la acción

    3. La desaparición sobrevenida del objeto del proceso

    4. La elevación a Escritura Pública

    5. La homologación judicial del acuerdo

El mediador debe recabar de las partes y sus abogados su voluntad al respecto y deben ser las partes quienes comuniquen su opción y la forma en desean documentarlo públicamente.

Si tras recibir la comunicación de terminación de la mediación con acuerdo, las partes no indicaran nada al tribunal, en un plazo prudencial se les requerirá para que lo aporten.

En caso de que el acuerdo afectara a diversos litigios, se homologará por el Juez el que hubiere efectuado la derivación e indicará a las partes, la obligatoriedad de incorporarlo a los demás procesos, o bien desistir de los mismos.

La homologación deberá efectuarse siempre que así lo solicite, esté justificada la capacidad de las partes que acuerdan y salvo que sea óbice para ello que el acuerdo alcanzado exceda subjetiva u objetivamente del planteamiento inicial del litigio, pues precisamente la mediación puede haber abarcado otros litigios, otras controversias e incorporar diferentes obligaciones de las propias partes o de terceros.

En el caso de que el acuerdo afectara a diversos litigios, se homologará por el juez que hubiere efectuado la derivación y se indicará a las partes la obligatoriedad de incorporarlo a los demás procesos, o bien desistir de los mismos. Pues únicamente el acuerdo homologado surtirá efectos – será ejecutable- en el procedimiento en el que se acordó y la derivación a mediación.

La homologación deberá efectuarse siempre que así lo solicite, esté justificada la capacidad de las partes que acuerdan y salvo que afecte a Derechos indisponibles (Doc. 11), sin que sea óbice para ello que el acuerdo alcanzado exceda subjetiva u objetivamente del planteamiento inicial del litigio, en cuyo caso se indicará a las partes la necesidad de incorporarlo a los demás procesos o bien, desistir.

2.MEDIACIÓN FAMILIAR

a. COMPETENCIA PARA REALIZAR LA SELECCIÓN

            La selección de los casos que se van a derivar a Mediación la realizará el ÓRGANO JUDICIAL, quién a través de la oportuna resolución, invitará a las partes y a sus abogados a que acudan a una sesión informativa, dependiendo del momento procesal en que se acuerde, resultará competente el Juez o el Letrado de la Administración de Justicia.

            La valoración de si el caso es mediable o no, le corresponde al mediador (art. 22 LM), sin embargo, la inicial valoración judicial es necesaria, ya que es la puerta que conecta la mediación con los tribunales y da confianza a las partes al ser una recomendación personal del Juez o del Letrado de la Administración de Justicia.

            Deben quedar fuera de la mediación los supuestos en los que existan problemas mentales graves o abuso de sustancias, ambas contrastadas y los de violencia de género por prohibición expresa de la ley 1/2004, de 28 de diciembre de Violencia de Género, art. 44 nº 5 que prohíbe la mediación en estos supuestos.

            En el caso de problemas mentales o abusos de sustancias, no basta su sola mención en los escritos, sino que es necesario que sean graves y que tengan una constancia documental.

b. FORMA EN QUE HA DE REALIZARSE LA DERIVACIÓN A SESIÓN INFORMATIVA

La derivación será proveída por el Juzgado mediante resolución motivada, en la que se acuerda la derivación del caso a la Institución de Mediación o al mediador que acuerden las partes o, en su caso, con quien exista convenio de colaboración o acuerdo gubernativo comunicado por el CGPJ.

En la resolución se explicará de forma suscinta:

  • En qué consiste la mediación, recordando que la información de qué parte asiste no es confidencial (art. 17.1 LM), por lo que el órgano judicial podrá valorar esa circunstancia junto con el resto del material probatorio.

  • Es aconsejable informar que en caso de no asistir, las partes deberán explicar los motivos de su decisión de conformidad con lo dispuesto en el apdo 1º del párrafo 2º del art. 414 LEC, se acompaña modelo de resolución y se incorporará a la documentación los trípticos del CGPJ sobre mediación.

  • No será precisa la suspensión del proceso salvo que lo soliciten ambas partes y, en su caso, se acordará por el art. 19 LEC.

c. FASES PROCESALES PARA LA DERIVACIÓN

1. JUICIO VERBAL

El art. 440.1 LEC dice que es preferible hacer la derivación cuando se cita al juicio verbal, una vez conocidos los términos de controversia como Demanda, contestación a la demanda, reconvención, aprovechando los tiempos muertos que existen en el señalamiento de la vista y la celebración de la misma.

La sesión informativa debe realizarse con anterioridad a la vista y de la forma más rápida para que puedan conocer la mediación e iniciar el proceso si lo desean, antes del señalamiento, evitándose suspensiones innecesarias.

Se aconseja la derivación cuando las dos partes estén personadas en autos. LA personación en autos oponiéndose a la demanda es la escenificación de dos progenitores que estén interesados en sus hijos y que no se ponen de acuerdo, y este es un buen punto para remitir a mediación.

Se puede hacer la derivación en el momento de ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA DEMANDA, si bien se desconoce la posición procesal del demandado que puede estar conforme con la demanda y, además, se corre el riesgo de que no se localice al demandado y se pierda la cita.

2.FASE DE MEDIDAS PROVISIONALES

Se puede suspender la vista a instancia de las partes o una vez finalizada la comparecencia, y en el propio auto resolutorio remitir a las partes a mediación.

La elección del momento dependerá de la urgencia en adoptar las medidas, y si es con suspensión de la comparecencia en el propio auto de resolución, deberá el juez contar con el consentimiento de las partes que son las que pedirán la suspensión del curso del procedimiento para acudir a mediación.

Siempre que exista una comparecencia o vista, el Juez deberá informar a las partes y a sus letrados de la conveniencia de remitir el asunto a mediación explicando sus ventajas.

En la comparecencia, una que conozca la posición de la parte demandada y se constate que no han alcanzado acuerdo:

  • Si la derivación se hace se comparecencia del art. 773 de la LEC, siempre será preferible tratar de convencer a las partes de la conveniencia de que suspendieran el procedimiento para acudir a mediación, ya que si se aboca a que se dicte un auto resolutorio de las medidas, la existencia de una previa resolución coloca a la parte más favorecida por aquella en una situación de preeminencia frente a la otra, rompiendo la situación de igualdad o equilibrio entre ambas, al tiempo que puede generar un efecto disuasorio.

  • la derivación se realizará una vez finalizada la comparecencia, en el propio Auto resolutorio.

Se ha de tener en cuenta que puede ser imprescindible que se dicten medidas provisionales para garantizar los alimentos de los menores, etc, a menos que ya la disposición de las partes para acudir a mediación y la petición de suspensión por parte de ambas garantice que estén más seguras de que se atenderán aquellas necesidades, en cualquier momento pueden pedir que se alce la suspensión, si una de las partes actúa de mala fe para tratar de beneficiarse de la suspensión.

  • se puede acudir a la derivación a sesión informativa, en aquellos juicios en los que se admita prueba y se interrumpa la vista para practicarla (informe del equipo psicosocial). En ese plazo que media la admisión de la prueba y la reanudación del juicio se puede aprovechar para que las partes lleven a cabo un proceso de mediación.

    A veces resulta conveniente la derivación en Sentencia definitiva cuando se considera conveniente la mejora de la comunicación entre las partes para tratar determinadas cuestiones relativas a los hijos con objeto de evitar litigios posteriores. Esta conveniencia puede derivarse del informe del equipo psicosocial quien también puede aconsejar la mediación a los progenitores.

  • Puede derivarse en EJECUCIÓN DE SENTENCIA:

    • en el momento del despacho de ejecución,

    • en la vista de oposición a la ejecución, si se considera necesario

    • o en el auto que resuelve la oposición, sobre todo cuando existen diversas ejecutorias entre las mismas partes, con el objeto de que lleguen a acuerdos sobre las vacaciones, gastos extraordinarios, etc.

    • Si se trata de una ejecución de medidas económicas se recomienda derivar a mediación cuando hay oposición a la ejecución. El Letrado de la Administración de Justicia puede remitir a mediación cuando lo considere necesario, sobre todo, si se trata de una ejecución de medidas personales, la derivación a mediación en ejecución no suspenderá las actuaciones

3.CONTROVERSIAS SOBRE EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD (art. 156 CC) Y EN LAS MEDIDAS URGENTES DEL ART. 158 CC Y EN LA LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Solicitadas para evitar perjuicios a los menores, el momento idóneo para remitir a mediación es en la vista que suele convocar; aunque también puede derivarse a la vista del escrito inicial sin perjuicio de señalar la comparecencia:

  • Es posible la derivación en el auto que resuelve la controversia si se detecta que existe falta de comunicación entre los progenitores, malos entendidos, etc.

  • En el caso de que se derive en la propia vista o comparecencia o en la resolución que recaiga posteriormente, es conveniente que el Juez o Letrado de la Administración de Justicia, informe a las partes de la mediación, sobre todo, para sus hijos, que hay veces que las separaciones producen un bloqueo en esa relación parental y que la mediación sirve precisamente para desbloquear esa situación. Se hará especial mención a las ventajas de abaratamiento de costes, rapidez del procedimiento y facilidad en el cumplimiento de los acuerdos.

4.EN SEGUNDA INSTANCIA: Presenta sus ventajas frente a la efectuada en 1ª instancia ya que el momento personal de las partes suele ser distinta que cuando se presentó la demanda:

- Ha podido producirse un desencanto sobre las soluciones que el proceso contencioso puede ofrecer.

- Ha transcurrido un tiempo mayor desde la ruptura por lo que ésta    puede haber sido asimilada por las partes

- Las cuestiones en las que se muestran enfrentadas es este momento suelen ser menores.

Podrá hacerse la derivación en la Diligencia de Ordenación por la que se forme rollo de apelación, el Letrado de la Administración de Justicia incorporará un párrafo informando de la posibilidad de acudir a mediación y suspender el procedimiento (Doc. 9)

Al notificarse esta resolución y la designación de Ponente, adjuntará una hoja informativa sobre los centros de mediación a que pueden dirigirse y el tríptico de difusión de la mediación del CGPJ.

La derivación a mediación podrá hacerse en cualquiera de los siguientes momentos procesales, durante la sustanciación del RECURSO:

  1. El Letrado de la Administración de Justicia de la Sección Civil correspondiente de la Audiencia Provincial, dará cuenta personal y directamente al Ponente designado en el rollo, según criterios fijados previamente por el tribunal de todos aquellos asuntos que pudieran ser susceptibles de derivación a mediación, esta actuación habrá de producirse en el tiempo que medie entre la incoación del rollo y el señalamiento para la deliberación, votación y fallo o vista en su caso.

  2. Al momento de resolverse sobre la prueba en segunda instancia, tanto si se admite, como si no, el Magistrado Ponente derivará los casos que sean susceptibles de mediación convocando a las partes en el propio auto que se dicte, a una sesión informativa (Doc. 9).

  3. Tanto en este momento como en el anterior puede resultar muy eficaz convocar una reunión con el Letrado de la Administración de Justicia o con el Magistrado Ponente, a los Abogados de ambas partes a fin de desactivar las posibles resistencias y asegurar la proactividad de los asesores jurídicos hacia sus clientes con la propuesta de mediación.

  4. En la Providencia de Señalamiento para deliberación, votación y fallo o vista, en su caso, se incluirá un párrafo informando de la posibilidad de acudir a mediación y suspender el proceso. Se adjuntará una hoja informativa sobre los centros de mediación a que pueden dirigirse las partes y la comparativa entre el proceso judicial y el proceso de mediación.

  5. En el acto de la vista de apelación, el Presidente del Tribunal o el Magistrado Ponente del asunto informará personalmente a las partes y, en su caso, las convocará a una sesión informativa sobre la mediación. El Letrado de la Administración de Justicia dejará constancia de la derivación acordada (Doc. 6)

  6. En la parte dispositiva de las resoluciones judiciales definitivas que se dicten (autos o Sentencias) a la vista de las circunstancias del recurso, el Tribunal podrá incluir un párrafo en que se ofrezca a las partes la posibilidad de acudir a mediación para resolver cualquier discrepancia que subsista entre ellas, en relación con lo resuelto, su interpretación o ejecución, convocándolas si el caso lo aconseja, a una sesión informativa sobre mediación.

En definitiva, es el Juez o el Letrado de la Administración de Justicia en los asuntos de su competencia, el que evaluará en cada caso, el momento procesal más idóneo para hacer esta derivación.

d. ACTUACIONES TRAS LA ACEPTACIÓN DE LA MEDIACIÓN E INCORPORACIÓN DEL RESULTADO AL PROCESO.

            1. ESCRITO COMUNICANDO AL JUZGADO LA VOLUNTAD DE CONTINUAR LA MEDIACIÓN

            Una vez realizada la sesión informativa, si las partes desean iniciar la mediación (art. 770.2º LEC) sus representantes procesales presentarán un escrito haciéndolo constar y manifestando si desean la suspensión del juicio o su continuación.

El art. 16.3 LM regula este supuesto de forma que no es obligatorio solicitar la suspensión del procedimiento. Si no se solicita la suspensión, bastará que el Juzgado tome conocimiento de la decisión.

e.INCORPORACIÓN DEL RESULTADO AL PROCESO

 El servicio de mediación comunicará al Juzgado dicho extremo, entregando a las partes el acuerdo alcanzado (total o parcial), y remitiendo al Juzgado una ficha a los efectos de constancia (modelo de ficha se adjunta) respetando el principio de confidencialidad.

En ese momento no deben remitirse al Juzgado los acuerdos alcanzados, ni tampoco información sobre la causa de finalización de la mediación.

  • LA MEDIACIÓN HA TERMINADO POSITIVAMENTE: Los convenios reguladores de mutuo acuerdo redactado por los letrados y que se presenten para su aprobación vayan acompañados del acuerdo mediado, debiendo los jueces recabar el cumplimiento de este requisito contemplado en la LEC.

  • ACUERDO PARCIAL: Deberán las partes ponerlo de manifiesto al juzgado, reanudándose el procedimiento contencioso respecto de las cuestiones NO CONSENSUADAS, en la forma expuesta en el párrafo anterior. La resolución final que se dicte (Auto o Sentencia) recogerá el acuerdo alcanzado sobre las medidas que hayan sido consensuadas con el mediador (de no considerarse perjudicial a los hijos) y resolverá sobre las que exista discrepancias.

  • SI EL ACUERDO HA SIDO TOTAL: Las partes deberán presentar un escrito solicitando el cambio de procedimiento a consensual (art. 770.5 LEC), acompañando el correspondiente convenio regulador previsto en los arts. 90 CC y 777.2 LEC, y, en su caso, el acuerdo final alcanzado en el procedimiento de mediación familiar, continuándose la tramitación conforme a lo dispuesto en este precepto.

  • SI LA MEDIACIÓN CON ACUERDO TOTAL SE HA DESARROLLADO EN EL TRÁMITE DE EJECUCIÓN: Se dictará Auto, bien, aprobando los acuerdos, si no suponen una modificación sustancial de las medidas acordadas en su día, o acordándolas cautelarmente en base al art. 158.4 CC y remitiendo a las partes al proceso de modificación consensual del art. 775.2 de la LEC.

Los abogados también pueden informar del acuerdo de la vista del juicio principal o de la comparecencia de medidas y previa ratificación, el Juez aprobará el acuerdo como se hace normalmente si el consenso lo alcanzan los abogados.

El acuerdo de mediación deberá incorporarse a las actuaciones por medio de los abogados y procuradores de las partes que siguen siendo los interlocutores procesales y se documentará utilizando los mecanismos legales que se encuentran previstos y que se utilizan en el caso de acuerdo alcanzado a través de la negociación de los abogados.

¡¡¡ VAYAMOS MAS ALLA DE LA CLAUSULA SUELO!!!

     Buenas tardes! En los últimos días y, sobre todo, a raíz de la Sentencia del TJUE han proliferado los anuncios de despacho de abogados para la reclamación de la cláusula suelo, incluido como negarlo, el nuestro, pues bien, no nos podemos limitar a reclamar únicamente la cláusula suelo ¡HAY MÁS CLÁUSULAS ABUSIVAS QUE SE PUEDEN IMPUGNAR! y no nos podemos olvidar de ellas.

     A título ejemplificativo, os comento que hoy he estado preparando una demanda donde además de la solicitar la nulidad de clausula suelo y la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en virtud de la citada clausula, solicito la nulidad por abusivas de las siguientes clausulas: cláusula de redondeo alza; la cláusula en la que se establece una comisión por recibos impagados y en virtud de la cual el banco automáticamente cobra un comisión, en este caso en concreto era de 18 €, pero yo he llegado a ver escrituras donde se establece comisiones de hasta 42 €, por el  retraso en un solo día en el pago mensual de la cuota; cláusula de los intereses moratorios y la cláusula por la que se repercuten automáticamente al consumidor los gastos de constitución y formalización de la hipoteca.

     Como se puede observar hay multitud de cláusulas que han sido unilateralmente introducidas por la entidad bancaria en la escritura de préstamo y que son ABUSIVAS, y como abusivas que son, hay que solicitar se tengan por no puesta y que se nos devuelvan todas aquellas cantidades que se hayan cobrado en virtud de las mismas, por ridículas que pudieran resultar, y no solo las cobradas en virtud de la cláusula suelo.

     Las entidades bancarias, a pesar del pronunciamiento de Tribunal Supremo y del pronunciamiento del TJUE, han manifestado que voluntariamente no van eliminar la cláusula suelo ni van a devolver cantidad alguna, que habrá que acudir a los tribunales, pues bien ya que nosobligan a reclamar judicialmente no nos limitemos a reclamar únicamente la cláusula suelo, solicitemos la nulidad de todas las cláusulas abusivas que tengamos en nuestra escritura de hipoteca, que os puedo asegurar, 100 por 100, que en todos los contratos de préstamos hipotecarios hay alguna más que la cláusula suelo.

     SI ESTAS INTERESADO EN PONER FIN A LOS ABUSOS BANCARIOS, EN LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS CLAUSULAS ABUSIVAS Y EN QUE SE TE DEVUELVA TODO EL DINERO COBRADO INDEBIDAMENTE, ponte en contacto con nuestro despacho donde, previo análisis de tu escritura de préstamo hipotecario, te informaremos las cláusulas abusivas introducidas en el mismos y de los pasos a seguir para poner fin a los abusos bancarios.

     Como siempre estoy a vuestra más entera disposición,

Mercedes Carmen Navarro Cruz

Abogada

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ABOGADA y DELEGADA
TERRITORIAL de ASEMED

excelencia

DELEGACIÓN GRANADA

ISABEL BARBARA AGUILERA AGUILERA
Telf.: 646 955 413
CITA PREVIA:
Colegio de Abogados, C/ Carcel baja
Horario: L a V de 9:00 a 14:00
y 17:00 a 20:30
Colegiado nº ⁠⁠⁠5545
Ilustre Colegios de Abogdos de Granada

DELEGACIÓN JAÉN

MERCEDES CARMEN NAVARRO CRUZ
Telf.: 953 501 611
C/ Sopas nº 5 bajo. 23740 Andújar
Horario: L a V de 10 a 14:00
y 17:00 a 20:00 . Cita Previa
Colegiado nº 2741
Ilustre Colegios de Abogdos de Jaén

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